La audiencia pública celebrada esta semana para informar a los vecinos sobre los costes del rescate del servicio de agua potable, que desde el 1 de julio de 2009 está gestionado por Aigües de Sagunt, ha revitalizado nuevamente el debate sobre esta cuestión, que cada vez es más gravosa para los ciudadanos que residen en el municipio de Sagunto y, por tanto, son usuarios de este servicio.
Cuando el Partido Popular, el PSOE y el Bloc, hoy Compromís, plantearon la necesidad de buscar un socio tecnológico con el que constituir una empresa mixta para mejorar la gestión del agua, se advirtió, desde diferentes sectores de la sociedad civil, que semejante medida reportaría cuantiosos perjuicios para los usuarios, que sufrirían un incremento desmedido de la tarifa del agua, ya que de esa prolongada subida depende el negocio del socio tecnológico, además de otros aspectos no menos importantes asociados a la actividad, como son las compras y subcontrataciones. Sin embargo, estas tres fuerzas políticas hicieron oídos sordos y dieron luz verde en el pleno municipal a lo que en la práctica ha sido una privatización encubierta del servicio de agua potable en Sagunto.
Informe de parte
El informe que el actual tripartito ha solicitado para calcular cuáles serían los costes económicos que tendría que soportar el municipio para municipalizar nuevamente este servicio, ha sido calificado en algunos sectores como un estudio de parte, ya que su elaboración está realizada por técnicos cuya imparcialidad esta muy cuestionada por sus vinculaciones presentes o pasadas con el socio tecnológico, en este caso Aguas de Valencia. En todo caso, en próximas ediciones de este periódico se desmenuzará el citado documento, donde la sutileza brilla por su ausencia.
Hechos probados
Al final, lo que cuentan son los hechos. Efectivamente, los hechos probados demuestran que, desde el 1 de julio de 2009, que es cuando Aigües de Sagunt se hizo cargo de la gestión del agua potable, el recibo que pagan los ciudadanos no ha dejado de crecer, como se verá más adelante. Los dos cuadros que se muestran en esta página corresponden a un caso real, se trata de una familia, residente en el Puerto de Sagunto, con cinco miembros: el matrimonio, don hijos adolescentes y la abuela de estos. Su consumo diario medio por persona es de 119,89 litros, cuando la media nacional es de 130 litros por habitante y de 154 en la Comunidad Valenciana, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INI).
Visto lo que ha ocurrido en Sagunto con esta cuestión, se puede afirmar que el modus operandi de Aigües de Sagunt es similar al de otros procesos encubiertos de privatización del servicio de agua que se han realizado en España. En este sentido se puede aportar un dato muy revelador: hoy en día el 55% de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua han sido privatizados en España. Este porcentaje convierte al país en algo singular, puesto que la media europea se sitúa en un 30%, y a nivel mundial se reduce al 10%.
El hecho de que sea el Ayuntamiento el que ostente la mayoría de las acciones de la nueva empresa, no le otorga al consistorio el control de la compañía, puesto que es el socio minoritario el que estatutariamente está capacitado para impone el gerente de la sociedad.
Sin embargo, el que sea la municipalidad la titular del 51% de las acciones, sirve como justificación a los partidos que aprueban la privatización, que, de esta forma, pueden argumentar ante sus votantes que el control estará en manos municipales, lo cual es absolutamente falso en la práctica.
También ocurre que durante los primeros años no se incrementa escandalosamente la tarifa del agua, con esta estrategia se pretende que los ciudadanos no puedan asociar el aumento del precio del recibo con la implantación de la nueva empresa. En el caso de Sagunto, la privatización encubierta se aprobó unos días antes de las elecciones municipales de 2007 y la empresa no se puso en marcha hasta en 1 de julio de 2009. Tal y como se puede apreciar en el cuadro superior, Aigües de Sagunt ha observado cuidadosamente esta norma, puesto que en el trienio que va desde 2009 a 2011, los incrementos de la tarifa se han movido en parámetros que se podrían considerar normales, dada la situación de severa crisis económica. Téngase en cuenta que el acumulado durante esos tres ejercicios, para el caso real de esta familia, es de un 6,71%.
Subidas desproporcionadas
Será a partir de 2012, tres años después de que la empresa se ha hecho cargo de la gestión del servicio y cinco más tarde desde que PP, PSOE y Compromís acordarán privatizar el servicio en 2007, cuando los incrementos de la tarifa suben los peldaños de tres en tres.
En 2012, el recibo se incrementó un 23,93% y en 2013 un 11,46%; para volverlo a subir en 2014 otro 7,12%. En estos tres ejercicios el acumulado es del 42,51%. No cabe duda de que en estos tres ejercicios se ha recuperado el tiempo perdido durante los tres primeros años. En el 2015 no se produce ningún aumento y en el 2016 se vuelve nuevamente a la carga con otro 4,47%. Al final, el total de los incrementos producidos entre 2008 y 2016 es de un 66,10%, en el caso de esta familia.
Aumento cero en años de elecciones
Hay un detalle muy llamativo que pone de relieve cómo incide la voluntad política en el aumento de los precios del recibo, puesto que en el ejercicio de 2011 se produjo una bajada del 0,08% y en el de 2015 tampoco se aplicó ninguna subida. Como se recordará, en los años 2011 y 2015 se celebraron elecciones municipales y autonómicas, por lo que todo indica que el consejo de administración optó por levantar el pistón con el fin de evitar repercusiones electorales negativas.
El canon actúa como reclamo
En la audiencia pública celebrada el pasado martes, se lanzaron varias preguntas desde el público a los responsables municipales, entre ellas, cabe destacar una que se repitió en varias ocasiones durante el turno ciudadano: ¿en qué se había gastado el canon de doce millones de euros? A esta interrogante contestó, el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, indicando que: «el PP se gastó este dinero en obras que nada tenían que ver con el agua, como siempre hemos denunciado por lo que no ha habido una mejora en la gestión por lo que ahora tenemos un déficit importante».
El mal llamado canon del agua, que, efectivamente, gastó el Gobierno del Partido Popular que lo que consideró oportuno, es la cuantía que aporta el socio tecnológico y que recupera, con los correspondientes intereses, a lo largo del tiempo que dura la concesión, en este caso un cuarto de siglo, tiempo en el que Aigües de Sagunt devolverá anualmente la parte correspondiente del principal más losintereses correspondientes.
Este canon concesional suele ser la causa principal por la que los partidos políticos optan por externalizar el servicio de agua. Los partidos que aprobaron la privatización encubierta unos días antes de las elecciones de 2007, sabían que el nuevo Gobierno surgido de las urnas se encontraría con una inyección económica de 12 millones de euros que podrían invertir en cualquier asunto, ya que no es obligatorio destinar estos recursos a la mejora de la infraestructura del servicio del agua.
Podemos se desmarca