La empresa ACUAMED presentó un contencioso contra el Ayuntamiento de Sagunto en el que le exigía las amortizaciones de la construcción de la desaladora desde el momento en que se dio por recepcionada la obra en octubre del 2013. Concretamente ACUAMED reclamaba al consistorio saguntino 5.232.536,98 euros en concepto de amortización de las obras, que según el convenio «se tienen que pagar por nuestro municipio en 25 años desde el momento de la puesta en marcha».
El Ayuntamiento consiguió ganarle el contencioso a Acuamed, entre otros motivos porque, como recuerdan desde Iniciativa Porteña (IP), «alegó que la desaladora no podía ponerse en marcha porque no cumplía con la compatibilidad urbanística para darle la licencia de actividades y por lo tanto, aún no había llegado ese punto de partida del convenio de pago».
Efectivamente la empresa ACUAMED aún no ha realizado la «cesión de los viales al Ayuntamiento, a parte de que hay pequeñas cuestiones a nivel urbanístico que el consistorio les ha pedido que subsanen, sin que de momento lo hayan solucionado por lo que están sin esa licencia de actividad», explican desde la formación porteña. Cabe recodar que existe un acuerdo municipal de 16 de febrero del 2017 que impide la concesión de la licencia de actividad a esta instalación, por inadecuación urbanística
El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha indicado que «permitir que esa instalación funcione al 100% sin la pertinente licencia de actividad sería correr un riesgo a nivel jurídico que entendemos tendrá que subsanar el Ayuntamiento de Sagunto. He de recordar que hablamos de una desaladora que trabaja con grandes presiones, de hecho hace unos días se produjo un grave accidente en la desaladora de Valdelentisco en la que resultaron heridos tres trabajadores».
Desde Iniciativa Porteña han incidido en que «es necesario que esa instalación funcione con la seguridad jurídica que se le exige a todo el entramado industrial y comercial del municipio, pues no es de recibo que una instalación pública se encuentre en precario a nivel jurídico después de tantos años. Por lo tanto, si quieren llegar al verano con todo en orden, tienen que ponerse las pilas, pues en caso de que surja cualquier incidente luego vendría la depuración de responsabilidades».
Por último, Manuel González ha hecho referencia a la amortización de la desaladora, pues con la decisión del Gobierno para llevar agua desde esta instalación hasta el puerto de Barcelona, «queda acreditado que es una instalación de interés general, por lo que, en lugar de cargar el coste de la misma al municipio de Sagunto, esa amortización debería ser cargada a toda la cuenca del Júcar. Para empezar, dado que han programado llevarse la producción de todo un año, que vayan pagando esa primer millón de euros de amortizaciónes».
